En 1960, las hermanas y activistas políticas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal fueron torturadas y brutalmente asesinadas en el marco del régimen dictatorial de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana. Desde entonces, fueron conocidas como Las Mariposas y se convirtieron en un símbolo de las luchas por la igualdad, la libertad y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias.
Reconociendo la lucha y resistencia de las hermanas Mirabal y la necesidad de visibilizar y denunciar la persistencia de las violencias contra las mujeres, en julio de 1981, durante el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe desarrollado en Bogotá, se propuso por primera vez conmemorar el 25 de noviembre, y desde 1999 la Resolución 54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como el "Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.” De esta manera, cada año diversas organizaciones feministas y grupos de mujeres, posicionaron esta fecha como un día de homenaje, reflexión, denuncia y memoria que fue ganando legitimidad en Colombia y el mundo.
El derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y sin miedo es una garantía fundamental, constitucional y humana de todas las mujeres. Su relevancia no ha sido determinada únicamente por su consagración normativa, sino que ha logrado posicionarse como un derecho de tal relevancia dadas las múltiples evidencias que documentan la vulneración sistemática de este derecho. En esa medida, desde el marco normativo internacional y nacional se han consagrado lineamientos legales que advierten como una necesidad imperante atender con especial atención la prevención, atención y sanción de las violencias contra las mujeres, toda vez que son hechos que comprometen el ejercicio adecuado del derecho a una vida libre de violencias. Los esfuerzos por reconocer y dotar de vinculatoriedad esta garantía tan fundamental para las mujeres, llevó a que en 1981 fuera promulgada la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Lo anterior, reconociendo que todo acto de discriminación guarda estrecha relación con las manifestaciones de violencia, que afectan en este caso de forma particular a las mujeres. Seguidamente en 1994 se profirió la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, también llamada Convención Belém do Pará, dado que es en esta ciudad del Brasil donde se llevó a cabo su adopción.
El objetivo de este instrumento internacional es el de promover en los Estados la implementación de acciones encaminadas a la prevención, protección, atención y sanción de todo acto constitutivo de violencia contra la mujer. Estos dos compromisos internacionales adoptados por Colombia son además parte de lo que la Constitución Política denominó en su artículo 93 como Bloque de Constitucionalidad. Una figura que dota de relevancia constitucional a aquellos compromisos internacionales asumidos por el país, particularmente en materia de derechos humanos. De allí la importancia de reconocer que toda acción que se implemente en el marco del cumplimiento de estos compromisos está siendo a su vez la materialización efectiva de las garantías constitucionales.
En Colombia el año 2008 marca un hito importante para el fortalecimiento de las acciones en pro de la garantía del derecho de toda mujer a vivir una vida libre de violencias. La ley 1257 de este año define y aborda las diversas modalidades de violencias de las cuales son víctimas las mujeres, y adopta medidas encaminadas a la sensibilización, prevención, protección, atención y sanción de estas conductas. Dentro de los logros de la ley se destaca la adjudicación de corresponsabilidad a autoridades del sector salud, educación y justicia en la materialización de estas acciones, sin omitir que la efectividad de sus resultados depende de una articulación coordinada de parte de todos los agentes del Estado.
De un ejercicio consciente y coordinado entre las autoridades depende la implementación adecuada de estos lineamientos normativos fijados en el ordenamiento jurídico interno. De allí la importancia en el reconocimiento del principio de corresponsabilidad fijado por la Ley 1257 en su artículo sexto.
Con respecto al sector justicia se reglamentó mediante el Decreto 4799 de 2011 lo relacionado con medidas de protección y sanción efectiva de los actos de violencias contra las mujeres. En este punto es necesario visibilizar la importancia de la denuncia por parte de las víctimas y el deber de la debida diligencia de las autoridades en el acceso a la justicia, investigación y sanción de las conductas constitutivas de actos de violencias contra las mujeres.
Con relación al sector salud los decretos 4796 de 2011 y 2734 de 2012 reglamentan en detalle las medidas de sensibilización, prevención y atención de estos hechos de violencias. Su rol es determinante al ser el sector a cargo de acciones dirigidas a la conservación de la vida e integridad personal de las mujeres. Por su parte, el Decreto 4798 de 2011 fija en cabeza del sector educación, los lineamientos normativos con relación a acciones de sensibilización, prevención y atención a mujeres víctimas de violencias en este entorno. aqu
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